La conversión de un vehículo de gasolina o diésel en eléctrico ya no es una rareza reservada a un puñado de talleres especializados. La fórmula, conocida internacionalmente como retrofit, lleva años funcionando en Francia, Italia o Reino Unido, y desde 2020 cuenta con un marco legal específico en España gracias al respaldo conjunto del Ministerio de Industria y de la Dirección General de Tráfico. El proceso permite alargar la vida útil del coche sin pasar por el desembolso completo de un eléctrico nuevo, manteniendo la carrocería y sustituyendo el motor de combustión por un sistema de propulsión eléctrica.
La operación es técnicamente compleja. Implica extraer el motor original, el depósito de combustible, el tubo de escape y todos los componentes asociados a la combustión, e instalar en su lugar un motor eléctrico, las baterías de iones de litio, el cargador interno y el sistema de gestión electrónica. La mecánica, el chasis y la suspensión se calibran de nuevo para soportar el peso extra de la batería y la entrega de par del motor eléctrico, que es muy distinta a la de un motor térmico. La instalación debe realizarla un taller autorizado por el Ministerio, ya que solo esos centros pueden emitir el certificado técnico necesario para la posterior homologación.
El marco regulatorio español fija una serie de requisitos que filtran qué vehículos pueden someterse al proceso. El coche debe tener al menos cinco años de antigüedad, conservar las dimensiones originales de fábrica, no superar en más de un 20% el peso de la versión inicial y mantener una potencia equivalente a la del motor que sustituye. La idea, según fuentes del Ministerio de Industria, pasa por garantizar que el comportamiento dinámico del coche no varíe de forma sustancial respecto al modelo homologado en su día por el fabricante.
El paso por la ITV extraordinaria, la nueva ficha técnica y la etiqueta CERO de la DGT
Una vez completada la transformación, el vehículo afronta el último filtro: una ITV extraordinaria mucho más exigente que la inspección periódica habitual. Las estaciones autorizadas revisan, además de las pruebas convencionales, las fijaciones del motor eléctrico, el anclaje de la batería, la integridad del sistema de alta tensión, los aislamientos y la resistencia estructural del conjunto. Si la unidad supera el examen, la ficha técnica se reescribe y el coche queda registrado a todos los efectos como vehículo eléctrico, con un nuevo código de propulsión y, en consecuencia, con derecho a la etiqueta ambiental CERO que expide la DGT.
Las ventajas que se derivan de ese cambio de etiqueta son tangibles. El coche con etiqueta CERO accede sin restricciones a las zonas de bajas emisiones desplegadas en las grandes ciudades españolas, se beneficia de bonificaciones en el impuesto de circulación según la ordenanza de cada municipio y queda exento del peaje urbano en aquellos núcleos donde esta figura ya está activa. Para quien hace un uso intensivo del coche en el casco urbano, esos descuentos pueden compensar parte de la inversión.
¿Cuánto cuesta una conversión completa? El precio se mueve, según el modelo y el taller, en una horquilla amplia. Los presupuestos habituales oscilan entre los 10.000 y los 18.000 euros, una cifra que incluye el kit de conversión, la mano de obra, la calibración electrónica, el certificado técnico, la homologación y la ITV extraordinaria. La autonomía resultante depende de la batería elegida y suele situarse entre los 100 y los 250 kilómetros, una distancia suficiente para un uso urbano y periurbano de diario.
La fórmula encaja, en particular, en dos perfiles muy concretos. Por un lado, en el del propietario de un vehículo clásico o sentimentalmente valioso que quiere seguir circulando sin renunciar al diseño original ni quedar fuera de la ciudad por una restricción de tráfico. Por otro, en el de quien tiene un coche en perfecto estado mecánico, con pocos kilómetros, y prefiere reaprovechar el chasis antes que enviar la unidad al desguace. La huella ambiental del retrofit es menor que la de fabricar un coche eléctrico nuevo, ya que se reutilizan los componentes principales del vehículo de partida.
El Programa Auto+ 2026 aprobado por el Gobierno no incluye, por el momento, una línea específica de ayudas para el retrofit, ya que las subvenciones se concentran en la compra de vehículos eléctricos nuevos con etiqueta CERO y precio máximo de 45.000 euros sin impuestos. Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos sí contemplan, en cambio, incentivos para la transformación, condicionados al uso de talleres autorizados y al cumplimiento estricto del proceso de homologación que marca el Ministerio. La fórmula avanza con paso firme en el mapa de la movilidad española.
